extraido de Boletin Tokata
Sobre La Condena A Un Funcionario De
Prisiones Por Abusos Sexuales En El Acebuche
Desde el año 2003
había sido denunciado por al menos otros nueve presos
El juzgado de lo Penal
Número Dos de Almería ha condenado a dos años y veinte meses de multa a un
funcionario de prisiones, jefe de servicio, que había sido denunciado en
numerosas ocasiones sin resultado judicial.
La Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Liberación, por hechos de
los que tenían conocimiento por denuncias de las personas presas desde el año
2003, se personaron como acusación popular en un procedimiento judicial seguido
en Sevilla contra dicho funcionario, y como acusación particular uno de los
internos víctima de dicho funcionario, que finalizó en junio del 2008. En dicho
procedimiento el Ministerio Fiscal formuló escrito de calificación en el que
solicitó 3 años de prisión por cada uno de los delitos contra la integridad
moral y la inhabilitación por el mismo período de tiempo (total 6 años) y las
costas del juicio. El escrito señalaba que:
a) El Jefe de
Servicios del Centro Penitenciario Sevilla xxx el día 24 de marzo de 2004,
sobre las 18.30 h, tras volver el interno 1 de una comunicación especial vis a
vis, ordenó su cacheo con desnudo integral […] ordenó nuevamente que fuese
conducido a la celda de aislamiento donde fue amenazado y coaccionado en
repetidas ocasiones para que expulsara los objetos descubiertos en una
papelera. Que ante la presión ejercida, el interno 1 intentó defecar sin
obtener resultado alguno por lo que el Jefe de Servicios le dijo que tenía un
remedio para ello. Que el propio xxx le obligó a que se bajara los pantalones y
se tendiera boca abajo, introduciéndole por el ano el tubo de la lavativa e
introduciéndole líquido por el mismo, en presencia de varios funcionarios. Que
como consecuencia de la lavativa el interno defecó en varias ocasiones en la
papelera siendo obligado a buscar entre sus heces los objetos expulsados, sin
guantes ni ninguna otra medida higiénica. Que durante el desarrollo de estos
hechos J.A.C no cesó de humillar al interno así como de utilizar expresiones
jocosas dirigidas hacia él en voz alta y en presencia de otros funcionarios
tales como “éste se va a cagar, se está cagando….”. Que tanto la práctica de la
radiografía como de la lavativa fue realizada bajo la presión y coacción de
J.A.C., sintiendo el interno gran humillación y vergüenza por las mismas así
como por el trato dispensado por éste a fin de conseguir su objetivo y abusando
de su cargo. b) Que el día 2 de mayo de 2004, tras la intervención de un objeto
punzante artesanal, el Jefe de Servicios xxx ordenó el traslado del interno 2 a
un despacho, donde encontrándose solos y utilizando la superioridad de su cargo
ordenó al interno que se desnudara, que realizara flexiones y que se sujetara
sus órganos genitales en determinadas posiciones sin ningún tipo de
justificación para ello”.
El funcionario fue
absuelto y el sindicato CSIF anunció que denunciaría “a todos los que han
vilipendiado, insultado y vejado”, exigiendo a la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA), que ejerció la acusación popular junto con la
Federación Liberación, que rectificara públicamente, ya que tildó al
funcionario de “torturador sádico que disfrutaba abusando de los internos”.
No obstante, hemos
tenido que esperar más de 4 años hasta que un Juzgado ha declarado como
probados que en el mes de julio de 2008, ya en su puesto en Almería, al mes
siguiente de ser absuelto en el otro procedimiento de Sevilla, el condenado
procedió a ordenar sin motivo aparente cacheos con desnudo integral a varios
presos, entre ellos uno de los denunciantes en el presente procedimiento,
cacheos que realizó personal y directamente sin utilizar guantes y, en el curso
de los mismos con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso procedió a
realizar tocamientos en pene y testículos. Igualmente en la madrugada del 28 de
febrero al 1 de marzo del 2012 se introdujo “silenciosamente” en la celda de un
preso que se encontraba acostado en el módulo de enfermería, procediendo a
acariciarle los genitales por encima de la ropa.
El citado sindicato
nunca realizó la denuncia contra las asociaciones que se personaron como
acusación popular, pues entre otras razones nunca se efectuó la afirmación
mantenida por el sindicato.
Ahora más que nunca
entendemos que es el momento de que los funcionarios y los sindicatos se
decidan a luchar contra estas prácticas en lugar de defenderlas. Ninguna de
estas prácticas se produciría si existiera menos corporativismo profesional, no
sólo en esta profesión.
Han pasado más de ocho
años desde que varios presos pusieron en nuestro conocimiento actos, que de ser
ciertos, eran constitutivos de abusos sexuales o contra la integridad moral.
Durante estos años el funcionario ha estado trabajando sin ningún tipo de
control por parte de la Administración, que se negó a decretar la suspensión de
sus funciones. Es imposible saber cuántas personas han podido denunciar hechos
similares desde entonces contra el citado funcionario. La Administración hizo
un ejercicio de dejadez con daños irreparables para terceros.
En el presente caso
acudimos a las Naciones Unidas (Relator Especial de las Naciones Unidas para la
cuestión de la tortura).
En la Asamblea General
de la ONU, celebrada el 18 de febrero de 2008 [1], se nos dio la razón
recogiendo frente a lo afirmado por el Ministerio que “El Relator insta al
Gobierno a que garantice que todas las denuncias e informes de tortura y malos
tratos serán investigados con prontitud y eficacia, y que los funcionarios
públicos implicados serán suspendidos de sus funciones hasta conocerse el
resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias
posteriores”.
La ONU ya ha señalado
que los malos tratos son más que esporádicos, entre otras razones, porque el
sistema permite la ocurrencia de torturas o malos tratos (Informe del Relator
contra la Tortura, Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 2004 sobre España
E/CN/2004/56Add.2). En concreto, la prolongada dilación de la investigación
judicial, la abstención de la Administración en la adopción de medidas en
procedimientos disciplinarios internos y el acceso al médico son elementos que
impiden su erradicación (Comité contra la Tortura de la ONU 2002
CAT/C/XXIX/Misc3). El Consejo de Europa por su parte, en el Informe 22 (2003)
invitó al Consejo General del Poder Judicial para que anime a los jueces a que
adopte una posición más activa en relación a la función de supervisión.
Asimismo El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o Castigo Inhumano
o Degradante (CPT) en el informe sobre España del año 2007 (CPT/inf/(2007)31)
concluyó que en ninguno de los casos examinados por su delegación durante la
visita se podían describir objeto de investigaciones eficaces de acuerdo con la
Ley del procedimiento legal. Y en su conclusión 48 afirmó, que “….no hay
garantía que llevarán a tal persona físicamente a presencia del juez
competente. Si él o ella ve prorrogada su privación de libertad, las lesiones
sufridas como resultado de malos tratos, esas lesiones pueden ser detectadas
por el personal médico de la prisión en la que ingrese. Sin embargo, aunque tal
primera evidencia de los malos tratos se comunique por escrito a un juez
competente, no se seguiría de ello necesariamente una investigación eficaz.”
En definitiva, los
organismos internacionales ONU y Consejo de Europa, y el mundo asociativo
(organizado en la Coordinadora para la Prevención y Documentación de la
Tortura- CPDT , de la que ambos colectivos formamos parte), entienden que los
jueces deben ser más activos y no deben quitar credibilidad a las denuncias de
las personas presas por dicha condición. No es extraño encontrar resoluciones
en la que expresamente se cuestiona su fiabilidad. Por ello, no sorprende que
en esa misma provincia, Almería, tras un juicio celebrado el pasado mes de
diciembre, se condenara a un preso por haber denunciado prácticas
sustancialmente idénticas: según el juzgado “actuó con absoluto desprecio de la
verdad, puso de manifiesto de forma mendaz que había sido objeto de tocamientos
libidinosos en sus órganos genitales por parte del funcionario número mientras
se le realizaba un cacheo”.
Las torturas y malos
tratos en el Estado español, lejos de ser combatidos como una de las lacras más
incompatibles con la democracia y el estado de derecho siguen siendo negadas
por el Gobierno quien, por otro lado, utiliza la figura predemocrática del
indulto para bular la acción de la Justicia en los escasos casos en los que
estos actos llegan a ser Juzgados. El pasado año la CPDT, en su último informe
de 2011, documentó 280 casos en que se produjeron agresiones y/o malos tratos,
siendo 48 en Andalucía. Algunos casos afectaban a varias personas a la vez,
llegando a resultar 853 víctimas, de las que 105 lo fueron en Andalucía.
Andalucía, 22 de enero
de 2013
Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía – APDHA
Federación Liberación
Federación Liberación
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